El FARC asegura que Jesús Santrich se «autoexcluyó» del partido político

Fotografía cedida por la oficina de prensa del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) muestra al líder del partido Félix Antonio Muñoz, alias «Pastor Alape» (c), durante la reunión del Cuarto Pleno Nacional de los Comunes, que se llevó a cabo este domingo en Tocancipá (Colombia). EFE/Farc

Bogotá, 14 jul (EFE).- La dirección del partido FARC aseguró este domingo que Jesús Santrich, por quien el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 938.000 dólares) para capturarlo, se «autoexcluyó» del partido político al huir de la justicia.

Al término de la reunión del Cuarto Pleno Nacional de los Comunes, que se llevó a cabo este fin de semana, el exlíder de las FARC Rodrigo Granda dijo a periodistas que «si Santrich ha tomado la decisión de separase del partido es una autoexclusión».

Según Granda, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en la que se transformó la antigua guerrilla tras firmar la paz en 2016, no está actualmente «en una política vertical de expulsiones, pero sí hay que demarcar las líneas de lo que es el partido y su proyección».

Santrich, que el 11 de junio pasado asumió un escaño en la Cámara de Representantes por el partido FARC, dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad el pasado 29 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

Según el Gobierno, Santrich estuvo hasta ese día en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.

Para hallarlo, el 11 de julio el Gobierno colombiano ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (unos 938.000 dólares) por información que permita su captura.

El Cuarto Pleno Nacional de los Comunes, como se denomina el encuentro en el que se analizan los pasos que da el movimiento FARC políticamente hablando, comenzó ayer en el municipio de Tocancipá, cercano a Bogotá.

En la declaración final de la actividad, que se dio a conocer la noche de este domingo, los líderes del movimiento sostuvieron que el caso de Santrich y el de los demás miembros que «abandonaron sus responsabilidades con el partido» y lo pactado con el Gobierno «pasan a la Comisión de Ética, según el procedimiento estatutario».

En consecuencia, la FARC se deslinda «de las declaraciones y actuaciones de todos o cualquiera de ellos» porque «no representan al partido».

Durante la reunión, el presidente de la FARC, Rodrigo Londoño, explicó que el objetivo de la cita fue «analizar que estatutariamente se debe convocar la Asamblea Nacional de los Comunes para finales de este año, por lo que en el pleno se elaboraron las pautas de la logística de la reunión».

Otro tema coyuntural que se analizó fue el electoral ante las que consideró son «faltas de garantías por los asesinatos que ya el país conoce».

Sobre el particular, la FARC agregó en un comunicado que «los estigmas lanzados desde el Gobierno nacional y su partido se suman a la oleada de crímenes contra nuestra militancia, además de tener que asumir una campaña sin el marco de las reformas políticas aprobadas en los acuerdos de La Habana».

La Defensoría del Pueblo informó que 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de este año.

Aún más alarmante es el dato de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, según el cual son más de 700 las víctimas mortales de esos colectivos, a los que se suman 140 excombatientes de las FARC asesinados en los últimos tres años.

El pasado 23 de febrero el Ministerio del Interior de Colombia y la Misión de Observación Electoral (MOE) firmaron una alianza para garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones regionales que se realizarán el próximo octubre.

Entre las acciones acordadas se encuentran rutas de prevención y atención contra la violencia política, prevención de delitos electorales como compra de votos, trashumancia y constreñimiento y la facilitación de los mecanismos de atención.

De igual forma, se busca generar un debate democrático, tolerante y respetuoso en espacios públicos y digitales que permitan una información clara y veraz.