Desahuciados de tierras ancestrales por el capital chino

Desahuciados de tierras ancestrales por el capital chino 

Un niño filipino juega sobre sacos de arroz en su casa en la Sierra Madre en la provincia de Quezon en Filipinas el pasado 16 de mayo de 2019. EFE

General Nakar (Filipinas), 24 may (EFE).- Con los pies cuarteados, avezados en recorrer descalzos los caminos empedrados de las montañas, Corita y Jesus Fortunato conocen bien cada rincón del valle bañado por el río Kaliwa, en la Sierra Madre de Filipinas, donde han vivido desde que nacieron, aunque no saben exactamente cuándo sucedió.

Calculan que tienen más de ochenta años y que llevan casados más de sesenta. Lo que sí saben con certeza es que son “dumagat”, un pueblo indígena filipino que ostenta los derechos ancestrales de los territorios que habitan desde hace siglos. Pero tampoco saben hasta cuándo. Viven bajo la amenaza del desahucio inminente por culpa del plan de construcción de la presa de Kaliwa, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Rodrigo Duterte financiados por China, su aliado político y económico.

«Estoy enfadada, triste y preocupada por las futuras generaciones. Nosotros ya somos viejos, pero nuestros descendientes no van a heredar esta tierra a la que los dumagat estamos anclados», lamenta Corita, que vive en una cabaña de madera con su marido, cuatro hijos y cuatro nietos.

Pagsangahan, su poblado, se dedica principalmente a la extracción de ratán, una madera parecida al mimbre que se emplea en la fabricación de muebles. Pero ese monte, por el que caminan al menos siete kilómetros diarios, es mucho más para ellos. «Es nuestro supermercado y nuestro hospital», reivindica Corita, por el valor medicinal de sus plantas. También es una tierra sagrada, un espacio con lugares místicos a los que acuden para pedir fortuna y salud a sus ancestros

«Si nos mandan a otro sitio, no sabremos qué hacer. Es aquí donde sabemos cómo subsistir», añade su esposo, con el que se casó siguiendo el rito dumagat, que exige que cada prometido se coma una nuez de betel previamente masticada por su suegro.

Su casa, como la de otras muchas familias, está situada en la parte alta de la montaña, en la zona donde se construirá la reserva de agua para la presa. Han oído que serán reubicados, pero no tienen comunicación oficial al respecto.

CAPITAL CHINO

Lo que el Gobierno sí ha dicho es que la presa garantizará el suministro de agua a la superpoblada Manila -aquejada de cortes periódicos-, al proporcionar 600 millones de litros diarios; y que se va a empezar a construir en junio, para que esté terminada en 2023. El proyecto está valorado en 12.200 millones de pesos (208 millones euros), el 85 % de los cuales estarán financiados por el Exim Bank, una de las entidades estatales chinas que conceden préstamos en todo el mundo.

Lo que la versión oficial no cuenta, pero muchos temen, son las condiciones del préstamo. Desde Katribo, una alianza de organizaciones de pueblos indígenas, aseguran que la letra pequeña concede a China el control de la zona -rica en recursos naturales- si Filipinas no es capaz de cumplir con los plazos de pago. El acuerdo, firmado el pasado noviembre durante la visita oficial a Manila del mandatario chino, Xi Jinping, «no ha sido publicado, lo que viola la ley», denuncia la coordinadora de campañas de Katribo, Joan Jaime, que sí ha tenido acceso a los documentos.

«El proyecto se está acelerando para que esté en marcha antes del fin del mandato de Duterte. Se están saltando pasos legales necesarios», alerta. Según la activista, el plan no cuenta con el preceptivo certificado medioambiental, ni tampoco con el consentimiento de los pueblos indígenas, cuyos dominios ancestrales se verán invadidos por la presa.

Se han realizado algunas consultas al respecto auspiciadas por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, pero la mayoría se siente excluida de la toma de decisiones.

«No me fío de los chinos. No creo que la presa sea lo único que los ha traído aquí. Quieren explotar los recursos de estas tierras sobre las que tenemos los derechos, los heredamos generación tras generación», lamenta Bernie Corral, de 59 años, líder de una de las comunidades dumagat afectadas.

Pero en la zona no sólo viven indígenas, también hay comunidades campesinas. Unas 300 familias pueblan los terrenos que quedarán anegados cuando se edifique la presa, pero hay más de 2.000 asentadas a lo largo del cauce del Kaliwa que tendrán que vivir bajo el riesgo permanente de ser arrollados por el agua. Según el Gobierno, solo 46 familias se verán afectadas.

«Los dumagat no vamos a permitir que ni los chinos ni ningún otro gobierno extranjero controle nuestra tierra. Lucharemos con uñas y dientes», advierte Corral en tono alterado. Algunos de ellos han sido convocados a una consulta popular sobre la presa el próximo 22 de junio, pero Corral asegura que es un «paripé», ya que la maquinaria pesada para iniciar las obras ya ha sido trasladada a la zona.

Él ya acudió a una de esas reuniones con el certificado oficial de tierras ancestrales en la mano, pero un representante del Gobierno le dijo que ese papel no servía de nada si el presidente quería construir una presa, recuerda indignado.

Lo cierto es que Duterte ha impulsado un ambicioso plan de creación de infraestructuras, bautizado «Build, Build, Build» (Construir, Construir, Construir), con el que busca propulsar la economía y crear empleo. El mandatario ha encontrado un gran socio financiero en China, que sigue desplegando su polémica Nueva Ruta de la Seda.

CAMPESINOS IGNORADOS

Empujados por la falta de tierra en otros puntos de Luzón, miles de familias campesinas no indígenas -conocidos como tagalogs- se instalaron hace décadas en la Sierra Madre, donde han convivido en paz con los dumagat. Ellos también van a sufrir las consecuencias de la presa, pero se sienten ignorados por las autoridades. Ni les preguntan ni figuran en ningún plan de reubicación.

«La presa se va a construir con dinero de los contribuyentes filipinos, es decir, nuestro dinero, y eso me enfada. Dicen que es para el progreso del país, pero cómo vamos a progresar nosotros», se queja Dora Abordo, una tagalog de 59 años que nació en esa tierra. Se fue de adolescente a la cercana de ciudad de Infanta a estudiar la Secundaria, algo allí al alcance de pocos, pero regresó para casarse y formar una familia porque es el lugar al que pertenece.

Unos cuatro kilómetros río abajo, se asienta una comunidad campesina de unas treinta familias que conoció el proyecto de la presa solo hace unos meses. «Un día vinieron trabajadores de una empresa concesionaria a la zona. Nos enteramos por ellos que era inminente y de que igual nos realojaban», recuerda Milicio Sabiduria, un campesino de 60 años que allí ha formado una extensa familia de ocho hijos y veinte nietos. «Pero nadie del gobierno local o regional ha venido a hablarnos del proyecto ni de nuestro futuro».

Todas las comunidades afectadas, dispersadas entre la frondosa vegetación de la Sierra Madre, pertenecen al municipio de General Nakar, provincia de Quezon, cuyo ayuntamiento, según denuncian, no está haciendo nada para protegerlos. «El alcalde es favorable a la presa y las malas lenguas dicen que se ha embolsado 20 millones de pesos (más de 340.000 euros) a cambio de no plantar oposición», acusa Milicio.

El campesino, que cultiva arroz y verduras para alimentar a su familia, relata su temor. «Me da miedo tener una presa tan cerca. Si se rompe, hay un accidente o simplemente cuando alivie agua, nuestro entorno quedará inundado y estas tierras serán incultivables. Es un peligro para nuestro medio de vida».

«Hace años que se viene hablando de la presa, pero me parecía algo improbable. Ahora parece una realidad», indica Josie Buendicho, una dumagat de 48 años que se casó con un campesino no indígena y que se dedica al cultivo de ratán. El proyecto de la presa no es nuevo. El dictador Ferdinand Marcos la ideó hace más de tres décadas y los sucesivos gobiernos han intentado revivirlo sin éxito por la oposición local, hasta la llegada de Duterte.

«Yo no me quiero ir de aquí. Pero si no podemos hacer nada al respecto, espero que al menos nos reubiquen en un lugar con vivienda digna, escuela para nuestros hijos y acceso a la salud. Y donde podamos seguir cultivando la tierra», desea.

Allí todos viven como una gran familia, pero Milicio y Josie son además consuegros y acaban de convertirse en abuelos. La hija de él y el hijo de ella, después de diez años intentándolo, acaban de tener un bebé. Ha nacido grande, dicen, porque la madre, Lorreline Conchada, bebió refrescos muy fríos durante el embarazo, siguiendo la creencia popular. Y se quedó embarazada después de que la comadrona del pueblo le diera un masaje tradicional hilot para recolocarle el útero.

«Me preocupa la presa por mi hija. Tengo miedo de que nos expulsen cuando ella sea aún pequeña. Quiero que crezca fuerte y sin sobresaltos», afirma, mientras recibe en su casa a un constante goteo de gente que quiere conocer al nuevo miembro de la comunidad. Una comunidad amenazada con ser devorada por el agua de Kaliwa. Sara Gómez Armas